Fallan en favor de firmas no afiliadas a entes empresariales
27/10/2005

Cuestionan acuerdos con los gremios

Para la Justicia, un convenio laboral no puede obligar a empresas no asociadas a contribuir con la cámara patronal. En cambio, hay respaldo legal para los aportes a sindicatos de personas no agremiadas.

Desde 2001 hasta ahora, 66 convenios colectivos de trabajo, de 220 que se homologaron, incluyeron cláusulas por las cuales los trabajadores deben pagar una contribución al sindicato de su actividad, en muchos casos, aun sin estar afiliados. Además, en 99 casos se impuso un pago de las empresas a la entidad sindical, según datos del Ministerio de Trabajo. En ambos casos, esos aportes tienen un respaldo en el artículo 9 de la ley 14.250.

Sin embargo, no cualquier contribución parece tener luz verde; a contramano de la validez de los casos citados, la Justicia está entendiendo que no son exigibles los aportes que, en virtud de la firma de acuerdos laborales, se les fijan a las empresas en favor de cámaras a las que no están afiliadas.

Hay tres entidades patronales que fijaron este último tipo de cuotas: la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP), la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) y la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria Gráfica (Faiga). En los tres casos se establecieron aportes en 2001 -de común acuerdo con los sindicatos-, destinados a financiar institutos de capacitación. En aquel momento el Ministerio de Trabajo, a cargo de Patricia Bullrich, homologó esos pactos.

Sin embargo, la actual gestión de la cartera laboral también está interpretando, igual que los jueces, que no corresponde avalar que a una empresa se la obligue a realizar un pago a una entidad patronal, ya que una cláusula de esa naturaleza no es materia de acuerdos sobre relaciones laborales.

En un fallo de la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, relacionado con la demanda de la firma Fabutor contra Adimra, los jueces sostuvieron que "no se advierte en qué consiste el «acuerdo», qué es lo que se «conviene» y cuál es el sentido de la asociación profesional de trabajadores en acta de marras". El acta mencionada es la firma de un acuerdo entre la Unión Obrera Metalúrgica y Adimra, para establecer la contribución en favor de la entidad patronal. La tasa se fijó entonces en el 1% de las remuneraciones, con un tope de $ 3000 por firma.

Según la interpretación de los jueces Héctor Scotti y Gregorio Corach, la cláusula que establece ese pago "nunca debió haber sido objeto de una homologación ministerial". Otra sentencia en el mismo sentido fue dictada a partir del reclamo de Straplas contra la contribución a la cámara de industrias plásticas. El pago se había fijado en montos de entre 60 y 225 pesos, según el número de empleados.

La cartera laboral, ya a cargo de Carlos Tomada, había dictado en mayo pasado la resolución 434, referida al convenio entre la Unión Obreros y Empleados Plásticos y la Cámara Argentina de la Industria Plástica -por el mismo que reclamó Straplas-, homologado a fines de 2001. Frente a la contribución allí establecida, Industrias Plásticas Martínez había interpuesto un recurso de reconsideración, al que accedió la cartera, tras sostener que la homologación del acuerdo fue dictada por una autoridad "incompetente" en la materia, ya que el ministerio no tiene que ver con las relaciones entre las cámaras y las empresas.

Según expresó a LA NACION un funcionario de la cartera, no existe ninguna disposición legal que permita esas contribuciones, pero tampoco hay norma que las prohíba. Por eso -sostuvo-, la jurisprudencia interpreta ahora que no es exigible "en el caso de las empresas que se niegan a pagar".

En septiembre pasado, el ministerio homologó un nuevo acuerdo de los plásticos que vuelve a mencionar la cláusula sobre el controvertido aporte. En los considerandos de esa norma se recuerda que la contribución surge de un "acuerdo entre partes" y que "no corresponde su inclusión en el presente acto homologatorio". Sin embargo, en el articulado no se excluye ese punto. "La homologación comprende a la cláusula, pero eso no implica que se les exija a las empresas que la cuestionen", dijo el funcionario.

En el caso de las contribuciones de trabajadores a un sindicato al que no están afiliados, la llamada "cláusula de solidaridad" es justificada, por parte de los dirigentes, por el hecho de que la entidad gremial negocia aumentos salariales que alcanzan a todos los trabajadores, estén o no afiliados. Para fijar estas contribuciones no existen límites dispuestos por las normativas. Según el funcionario, en la práctica existe "un límite de razonabilidad".

Silvia Stang

LA NACION | 27.10.2005 | Página 4 | Economía

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